El 7 de agosto de 2000 se publicó la Ley N.º 27337, Código de los Niños y Adolescentes, norma fundamental del ordenamiento jurídico peruano que regula de manera integral la protección, promoción y garantía de los derechos de las personas menores de edad. Esta ley sustituyó al antiguo régimen tutelar y marcó un cambio estructural en la forma en que el Estado concibe jurídicamente a la niñez y la adolescencia, reconociéndolas como sujetos plenos de derechos y no únicamente como objetos de protección.

Desde una perspectiva jurídica, el Código del Niño y del Adolescente incorporó de manera expresa los principios y estándares establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado internacional de derechos humanos ratificado por el Perú y con rango constitucional conforme al ordenamiento interno. En ese sentido, la norma se sustenta en principios rectores como el interés superior del niño, la prioridad absoluta, la igualdad y no discriminación, el derecho a la identidad, el desarrollo integral y la participación progresiva en los asuntos que les conciernen.

La Ley N.º 27337 estableció un sistema normativo integral que regula los derechos, deberes y garantías de los niños y adolescentes, así como las obligaciones de la familia, la sociedad y el Estado. Asimismo, desarrolló mecanismos específicos de protección frente a situaciones de abandono, violencia, explotación, trata, trabajo infantil y vulneración de derechos fundamentales, reforzando el deber estatal de intervención oportuna y eficaz.

En el ámbito del Derecho de Familia, el Código introdujo disposiciones relevantes sobre la patria potestad, la tenencia, el régimen de visitas, los alimentos y la adopción, orientando dichas instituciones al interés superior del niño y desplazando criterios meramente formales o patrimoniales. Del mismo modo, fortaleció la función jurisdiccional especializada mediante la creación y consolidación de juzgados y fiscalías de familia, dotándolos de competencias específicas para la tutela efectiva de los derechos de la niñez y adolescencia.

Desde el punto de vista del Derecho Procesal, la norma incorporó procedimientos especiales caracterizados por la celeridad, la flexibilidad y la prevalencia del contenido sustantivo sobre las formalidades, garantizando el acceso a la justicia y el debido proceso en condiciones acordes con la situación de vulnerabilidad de los menores de edad. Asimismo, reconoció el derecho del niño y del adolescente a ser escuchado, conforme a su edad y grado de madurez, como manifestación de su condición de sujeto de derechos.

La publicación del Código del Niño y del Adolescente también tuvo un impacto significativo en las políticas públicas, al obligar al Estado a diseñar y ejecutar programas de protección integral, prevención de riesgos y restitución de derechos, en coordinación con los gobiernos regionales y locales. Esta norma consolidó un enfoque de derechos humanos en la legislación nacional, alineando el sistema jurídico peruano con los estándares internacionales de protección de la infancia.

En consecuencia, la efeméride del 7 de agosto reviste especial relevancia jurídica y social, al marcar la entrada en vigencia de un cuerpo normativo que transformó profundamente la tutela legal de la niñez y adolescencia en el Perú, fortaleciendo el rol del Estado como garante de derechos y reafirmando el compromiso constitucional con la dignidad, el desarrollo integral y la protección prioritaria de los niños y adolescentes.