El 03 de septiembre reviste especial relevancia jurídica al conmemorarse la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), instrumento internacional fundamental del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que establece un marco normativo integral para la erradicación de la discriminación basada en el género y la promoción de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 34/180, la CEDAW constituye el principal tratado internacional en materia de derechos de las mujeres, al definir de manera amplia el concepto de discriminación contra la mujer y obligar a los Estados Parte a adoptar medidas legislativas, administrativas, judiciales y de política pública orientadas a eliminar tanto la discriminación directa como la indirecta, en los ámbitos público y privado.

Desde una perspectiva jurídica, la Convención impone a los Estados obligaciones claras de respeto, protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres, exigiendo la modificación o derogación de normas, prácticas y costumbres que perpetúan estereotipos de género o desigualdades estructurales. Asimismo, introduce el deber de adoptar acciones afirmativas o medidas especiales de carácter temporal, legítimas desde el punto de vista del Derecho Internacional, con el objetivo de acelerar la igualdad de facto.

La CEDAW aborda de manera sistemática áreas fundamentales como la igualdad ante la ley, la participación política y pública, el derecho a la educación, el empleo, la salud, la vida económica y social, así como las relaciones familiares y el acceso a la justicia. De especial relevancia jurídica es el reconocimiento del deber estatal de prevenir y sancionar la violencia contra la mujer, entendida como una forma de discriminación que limita o anula el goce de sus derechos humanos, interpretación desarrollada por el Comité CEDAW a través de sus recomendaciones generales.

En el ámbito interno, la Convención posee jerarquía supralegal o constitucional, según el sistema jurídico de cada Estado, y se integra al bloque de constitucionalidad, constituyendo un parámetro de control de constitucionalidad y convencionalidad. En este marco, los jueces y autoridades administrativas están obligados a interpretar y aplicar las normas internas conforme a los estándares establecidos por la CEDAW y la jurisprudencia de los órganos internacionales de protección de derechos humanos.

La conmemoración del 03 de septiembre permite reafirmar la importancia de la CEDAW como instrumento jurídico esencial para la construcción de sociedades más justas e igualitarias, destacando que la eliminación de la discriminación contra la mujer no solo es un compromiso político, sino una obligación jurídica internacional vinculante para los Estados, cuyo cumplimiento resulta indispensable para la plena vigencia de los derechos humanos y del principio de igualdad y no discriminación.