El 26 de julio se conmemoró la fundación de diversas ciudades del territorio peruano durante el período colonial, entre ellas la ciudad de Tarma, fundada en el año 1538, acontecimiento de especial relevancia histórica, jurídica y administrativa en el proceso de organización territorial del Estado. Desde una perspectiva jurídica, la fundación de ciudades constituyó un acto de carácter político-administrativo mediante el cual la Corona española estableció centros urbanos con reconocimiento legal, dotados de autoridades, jurisdicción y normas propias para el ejercicio del gobierno local.

En el ámbito del derecho histórico y del derecho público, la fundación de Tarma respondió al modelo jurídico-administrativo colonial, basado en la creación de ciudades como núcleos de poder, administración y control territorial. Estas fundaciones se realizaban conforme a disposiciones normativas de la época, como las Leyes de Indias, que regulaban la organización urbana, la asignación de tierras, la administración de justicia y la estructura del cabildo como órgano de gobierno local, antecedente directo de las actuales municipalidades.

Desde una perspectiva del derecho municipal y de la descentralización, la fundación de ciudades como Tarma sentó las bases para el desarrollo de instituciones locales que, con el paso del tiempo, evolucionaron hacia los actuales gobiernos locales reconocidos por la Constitución Política del Perú. La existencia de una autoridad local con competencias administrativas y jurisdiccionales permitió una gestión más cercana a la población y una organización territorial que facilitó la prestación de servicios y el ejercicio de derechos.

En el plano del derecho civil y de la propiedad, la fundación de la ciudad implicó la formalización de la ocupación del territorio, la delimitación de solares, ejidos y tierras comunales, así como el establecimiento de relaciones jurídicas vinculadas a la propiedad, la posesión y el uso del suelo. Estos actos tuvieron efectos jurídicos duraderos que influyeron en la configuración del régimen de propiedad y en la estructura social y económica de la región.

Asimismo, desde una perspectiva crítica y de derechos humanos, la fundación de ciudades coloniales como Tarma debe analizarse considerando su impacto en las poblaciones originarias, cuyos derechos territoriales y formas de organización preexistentes fueron en muchos casos desplazados o subordinados. Este análisis resulta relevante para la comprensión histórica del derecho y para el reconocimiento contemporáneo de los derechos de los pueblos indígenas, en concordancia con los principios de justicia histórica y reparación.

En consecuencia, la conmemoración de la fundación de Tarma y de otras ciudades peruanas el 26 de julio permitió reflexionar sobre la importancia de estos actos fundacionales en la conformación del orden jurídico, territorial y administrativo del país. Esta fecha recordó que las ciudades no solo representan espacios geográficos, sino también construcciones jurídicas e institucionales que han evolucionado a lo largo del tiempo, influyendo de manera decisiva en el desarrollo del Estado peruano y de su sistema jurídico.