El 31 de julio se estableció el Colegio de Abogados del Virreinato del Perú, institución que constituyó uno de los primeros mecanismos formales de organización del ejercicio profesional del derecho en el territorio peruano durante el período colonial. Desde un punto de vista jurídico objetivo, su creación respondió a la necesidad de regular la práctica forense, asegurar la idoneidad técnica de los abogados y garantizar una adecuada administración de justicia.

El Colegio de Abogados del Virreinato cumplió una función normativa e institucional al ordenar el acceso y ejercicio de la abogacía, estableciendo requisitos de formación, conducta y competencia profesional. Esta regulación contribuyó a la profesionalización del derecho y al fortalecimiento de la función jurisdiccional, al asegurar que la defensa y representación legal se encontraran a cargo de profesionales capacitados y sujetos a control institucional.

Desde la perspectiva del derecho público, la creación del Colegio de Abogados permitió introducir mecanismos de autorregulación y disciplina profesional, precursores de los actuales colegios profesionales reconocidos por el orden constitucional. Estos mecanismos aseguraban el respeto de principios como la ética, la probidad y la responsabilidad en el ejercicio de la defensa técnica.

Asimismo, esta institución desempeñó un rol relevante en la consolidación del sistema judicial colonial, al contribuir a la uniformidad de criterios jurídicos y a la aplicación del derecho vigente, principalmente el derecho indiano y las normas emanadas de la Corona. En términos jurídicos, ello fortaleció la seguridad jurídica y la predictibilidad de las decisiones judiciales.

Finalmente, el establecimiento del Colegio de Abogados del Virreinato del Perú constituye un antecedente directo de los colegios de abogados contemporáneos, reconocidos hoy como entidades de derecho público interno, encargadas de velar por la correcta práctica de la abogacía, la defensa del Estado de derecho y la protección del derecho de defensa, pilares esenciales del sistema jurídico peruano.