El 28 de julio de 1821 se produjo la proclamación de la independencia del Perú como acto jurídico-político constitutivo, mediante el cual se declaró la ruptura del vínculo de subordinación con la Corona española y se afirmó la existencia de un nuevo sujeto soberano de derecho. Desde un punto de vista jurídico objetivo, este acto supuso la extinción del orden normativo colonial y la instauración de un proceso de creación de un nuevo ordenamiento jurídico propio.

La proclamación de la independencia constituyó la manifestación del poder constituyente originario, entendido como la facultad suprema de una comunidad política para establecer su propio sistema normativo y organizar el Estado sin sujeción a una autoridad externa. En términos jurídicos, ello legitimó la emisión de normas autónomas y la conformación de instituciones estatales con competencia plena sobre el territorio nacional.

Como consecuencia directa, el Perú adquirió personalidad jurídica internacional, condición que le permitió actuar como sujeto del derecho internacional público, celebrar tratados, establecer relaciones diplomáticas y asumir obligaciones internacionales. Este estatus es un elemento esencial para la validez y eficacia de los actos estatales en el plano externo y para el reconocimiento de la soberanía nacional.

En el ámbito del derecho constitucional, la independencia es el presupuesto jurídico para la elaboración de las primeras normas fundamentales y de la Constitución de 1823, que introdujo principios estructurales como la soberanía nacional, la legalidad, la división de poderes y la responsabilidad de los gobernantes. Estos principios conforman la base del constitucionalismo peruano y mantienen vigencia como criterios de interpretación del orden jurídico actual.

Desde la perspectiva del derecho público contemporáneo, el 28 de julio conserva relevancia institucional por la obligación constitucional del Presidente de la República de rendir cuenta de la gestión gubernamental ante el Congreso mediante el Mensaje a la Nación, mecanismo que expresa el control político, la transparencia y el equilibrio entre poderes del Estado.

En síntesis, la Proclamación de la Independencia del Perú representa el acto fundacional del orden jurídico nacional, que legitima la existencia del Estado, sustenta la supremacía constitucional y garantiza la continuidad del sistema jurídico peruano sobre la base de la soberanía, la legalidad y el Estado de derecho.