El 16 de agosto de 2015 se publicó el Decreto Legislativo N.º 1186, norma que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, estableciendo los principios, reglas y niveles que deben observarse en el ejercicio de esta facultad estatal, con el objetivo de garantizar el orden interno y la seguridad ciudadana, en estricto respeto de los derechos fundamentales.

Desde una perspectiva jurídica, el Decreto Legislativo N.º 1186 constituye un desarrollo normativo del monopolio legítimo del uso de la fuerza por parte del Estado, el cual debe ejercerse de manera excepcional, racional y controlada, conforme a la Constitución Política del Perú y a los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La norma reconoce que el uso de la fuerza es una potestad necesaria para el cumplimiento de la función policial, pero sujeta a límites estrictos derivados del principio de legalidad y del respeto a la dignidad humana.

El decreto establece como principios rectores del uso de la fuerza la legalidad, necesidad, proporcionalidad, razonabilidad y responsabilidad, los cuales deben orientar toda intervención policial. Asimismo, regula los distintos niveles de uso de la fuerza, priorizando los medios no violentos y el diálogo, y disponiendo que el empleo de la fuerza letal solo sea permitido como último recurso, cuando resulte estrictamente inevitable para proteger la vida propia o de terceros frente a una amenaza real e inminente.

Desde el punto de vista del Derecho Constitucional, la norma busca armonizar la función policial con la tutela de derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, la libertad y la seguridad jurídica. En ese sentido, el Decreto Legislativo N.º 1186 refuerza el deber del Estado de prevenir abusos de autoridad y de garantizar que toda actuación policial sea debidamente motivada, registrada y sujeta a control posterior, tanto administrativo como judicial.

El decreto también incorpora disposiciones sobre la responsabilidad derivada del uso indebido de la fuerza, estableciendo que los efectivos policiales están sujetos a responsabilidad administrativa, civil y penal cuando actúan al margen de los principios y reglas establecidas. Esta previsión normativa fortalece los mecanismos de rendición de cuentas y contribuye a la lucha contra la impunidad en casos de uso excesivo o arbitrario de la fuerza.

Desde la perspectiva del Derecho Internacional, el Decreto Legislativo N.º 1186 se alinea con los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, así como con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que exige a los Estados regular de manera clara y precisa el uso de la fuerza por sus agentes.

La publicación de esta norma representó un avance significativo en la consolidación de un marco jurídico moderno para la actuación policial, al establecer reglas claras que buscan equilibrar la eficacia en el mantenimiento del orden público con la protección de los derechos humanos. Asimismo, contribuyó a fortalecer la legitimidad institucional de la Policía Nacional del Perú y la confianza ciudadana en el accionar del Estado.

En consecuencia, la efeméride del 16 de agosto reviste especial relevancia jurídica e institucional, al marcar la entrada en vigencia de una norma que delimita el uso de la fuerza como una potestad estatal excepcional y regulada, reafirmando el compromiso del Estado peruano con el respeto de los derechos fundamentales, la legalidad y el Estado constitucional de derecho.