El 13 de julio se destacó la vigencia y relevancia de la Ley N.° 31827, norma de especial trascendencia jurídica y social que establece medidas para la reinserción económica y social de las personas migrantes peruanas retornadas al país. Desde una perspectiva constitucional y de derechos humanos, esta ley reafirmó el deber del Estado de proteger a sus nacionales, incluso en contextos de movilidad humana, y de garantizar condiciones que faciliten su reincorporación digna y efectiva a la vida productiva y social.

En el ámbito del derecho constitucional, la Ley N.° 31827 se vincula directamente con el principio de dignidad humana, el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación, al reconocer que las personas migrantes retornadas pueden enfrentar situaciones de vulnerabilidad económica, social y laboral. La norma busca reducir dichas brechas mediante políticas públicas orientadas a la inclusión, el acceso a oportunidades y la restitución del ejercicio pleno de derechos fundamentales.

Desde la perspectiva del derecho administrativo y de las políticas públicas, esta ley impone obligaciones concretas a las entidades del Estado para diseñar y ejecutar programas de apoyo dirigidos a los migrantes retornados, tales como asistencia para la inserción laboral, el emprendimiento, la capacitación técnica y el acceso a servicios sociales. La articulación interinstitucional resulta esencial para garantizar la eficacia de estas medidas y evitar una aplicación meramente declarativa de la norma.

En el ámbito del derecho laboral y económico, la Ley N.° 31827 promueve la incorporación de los migrantes retornados al mercado de trabajo formal, reconociendo las competencias, experiencias y conocimientos adquiridos en el extranjero. El reconocimiento de títulos, certificaciones y experiencia laboral constituye un aspecto clave para facilitar su reinserción productiva, fortaleciendo la economía nacional y evitando la exclusión laboral.

Desde una perspectiva de derechos humanos y movilidad humana, la norma se encuentra alineada con los estándares internacionales que reconocen el derecho de las personas migrantes a retornar a su país de origen y a recibir protección frente a situaciones de vulnerabilidad. La reinserción social y económica se configura, así, como una obligación estatal orientada a garantizar la cohesión social, la integración y la reducción de desigualdades.

En consecuencia, la Ley N.° 31827 representa un avance significativo en la construcción de un marco jurídico inclusivo y protector de los derechos de las personas migrantes retornadas. Su aplicación efectiva contribuye al fortalecimiento del Estado de derecho, al desarrollo social y económico del país y a la consolidación de una política migratoria basada en la dignidad humana, la solidaridad y la igualdad de oportunidades.