El 13 de agosto se conmemora en el Perú el Día Nacional de la Salud y el Buen Trato al Paciente, fecha orientada a promover una atención sanitaria basada en el respeto a la dignidad humana, la calidad del servicio y la garantía de los derechos de las personas usuarias del sistema de salud. Esta efeméride resalta la dimensión jurídica de la relación entre el Estado, los profesionales de la salud y los pacientes, en el marco del Estado constitucional de derecho.

Desde una perspectiva jurídica, el buen trato al paciente se encuentra estrechamente vinculado al derecho fundamental a la salud, reconocido por la Constitución Política del Perú y por los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado. Este derecho no se limita al acceso a los servicios de salud, sino que comprende una atención oportuna, continua, ética y humanizada, que respete la autonomía, la integridad física y psíquica, y la dignidad de la persona.

El ordenamiento jurídico peruano reconoce a los pacientes como sujetos de derechos, entre los que destacan el derecho a la información clara y veraz sobre su estado de salud, el consentimiento informado, la confidencialidad de los datos médicos, la no discriminación y la posibilidad de presentar quejas o reclamos frente a una atención deficiente. Estas garantías se encuentran desarrolladas en normas sanitarias, administrativas y de protección al consumidor, que imponen deberes específicos a las instituciones y al personal de salud.

Desde el punto de vista del Derecho Administrativo y de la responsabilidad profesional, el buen trato al paciente constituye un estándar exigible cuya inobservancia puede generar responsabilidad ética, administrativa, civil o incluso penal. En tal sentido, la conmemoración de esta fecha refuerza la obligación de los prestadores de servicios de salud de actuar conforme a los principios de legalidad, diligencia profesional y respeto de los derechos fundamentales.

La instauración del Día Nacional de la Salud y el Buen Trato al Paciente también cumple una función preventiva y educativa, al fomentar una cultura de respeto y humanización de los servicios de salud, promoviendo la mejora continua de la calidad asistencial y el fortalecimiento de la confianza entre pacientes y profesionales sanitarios. Este enfoque contribuye a la efectividad de las políticas públicas en materia de salud y al cumplimiento de los fines esenciales del Estado.

En consecuencia, la efeméride del 13 de agosto reviste una especial relevancia jurídica y social, al reafirmar el compromiso del Estado y de los operadores del sistema sanitario con la protección del derecho a la salud, la dignidad del paciente y la prestación de servicios de salud basados en el buen trato, la ética y el respeto a los derechos humanos.