El 10 de agosto de 2021 se publicó la Ley N.º 31336, Ley Nacional del Cáncer, norma de carácter integral mediante la cual el Estado peruano estableció el marco jurídico para la prevención, detección temprana, atención integral, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos de las personas con cáncer, reconociendo esta enfermedad como un problema prioritario de salud pública y de interés nacional.

Desde una perspectiva jurídica, la Ley N.º 31336 se sustenta en el derecho fundamental a la salud, reconocido por la Constitución Política del Perú y por los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado. La norma reafirma la obligación estatal de garantizar el acceso oportuno, continuo y de calidad a los servicios de salud, especialmente frente a enfermedades de alto impacto social, económico y humano como el cáncer.

La ley creó y fortaleció el Sistema Nacional para la Prevención y Control del Cáncer, estableciendo responsabilidades específicas para el Ministerio de Salud, los gobiernos regionales, EsSalud y demás entidades del sector, con el fin de asegurar una respuesta articulada y eficiente. Asimismo, dispuso la implementación de políticas públicas orientadas a la reducción de factores de riesgo, el fortalecimiento de la atención primaria, la descentralización de los servicios oncológicos y el uso de tecnologías adecuadas para el diagnóstico y tratamiento.

En el ámbito del Derecho Administrativo y de las políticas públicas, la Ley Nacional del Cáncer introdujo mecanismos de planificación, financiamiento y evaluación, garantizando la sostenibilidad de las acciones estatales y priorizando la atención de las poblaciones en situación de vulnerabilidad. De igual modo, reforzó el rol del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) como ente rector técnico especializado en materia oncológica.

Desde el enfoque de derechos humanos, la norma reconoce la protección especial de las personas diagnosticadas con cáncer, promoviendo la no discriminación, la confidencialidad de la información médica y el respeto a la dignidad humana durante todo el proceso de atención. Asimismo, incorpora disposiciones orientadas a la protección laboral y social de los pacientes, especialmente en casos de tratamientos prolongados o enfermedades oncológicas de alto riesgo.

La publicación de la Ley N.º 31336 representó un avance significativo en la consolidación de un enfoque integral y preventivo en materia de salud, alineando la legislación nacional con los estándares internacionales en la lucha contra el cáncer y fortaleciendo la capacidad del Estado para responder de manera efectiva a esta problemática.

En consecuencia, la efeméride del 10 de agosto reviste especial relevancia jurídica y social, al marcar la entrada en vigencia de una ley que refuerza el deber estatal de protección del derecho a la salud, promueve la equidad en el acceso a la atención oncológica y consolida al cáncer como una prioridad dentro del sistema jurídico y sanitario peruano.