El 13 de junio se conmemoró el Día del Perú Libre de Analfabetismo, fecha que permitió reafirmar la trascendencia jurídica y social del derecho a la educación como un derecho fundamental y un deber primordial del Estado. Desde una perspectiva constitucional, la educación constituye un pilar esencial para el desarrollo integral de la persona, la reducción de las desigualdades estructurales y el fortalecimiento de la ciudadanía democrática, en tanto garantiza el acceso al conocimiento, la participación informada y el ejercicio efectivo de los demás derechos fundamentales.

En el ámbito jurídico, el analfabetismo representa una forma de exclusión que limita el pleno ejercicio de derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, afectando de manera directa la igualdad ante la ley y el acceso a la justicia. Las personas en situación de analfabetismo enfrentan mayores barreras para comprender normas, procedimientos administrativos y judiciales, así como para ejercer adecuadamente su derecho de defensa, lo que impone al Estado la obligación de adoptar medidas positivas orientadas a garantizar la alfabetización y la educación básica de toda la población, especialmente de los sectores más vulnerables.

Desde la perspectiva del derecho administrativo y de las políticas públicas, esta conmemoración destacó la responsabilidad del Estado de diseñar e implementar programas de alfabetización sostenibles, inclusivos y culturalmente pertinentes, que respondan a las realidades sociales y territoriales del país. La erradicación del analfabetismo no solo constituye una meta educativa, sino una obligación jurídica derivada del principio de igualdad y del deber estatal de remover los obstáculos que impiden el ejercicio pleno de los derechos fundamentales. En ese sentido, la planificación, ejecución y evaluación de las políticas de alfabetización deben sujetarse a criterios de legalidad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.

En el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, el compromiso de alcanzar un Perú libre de analfabetismo se vincula con los estándares internacionales que reconocen el derecho a la educación como un derecho humano universal, progresivo y exigible. Estos instrumentos obligan al Estado a garantizar el acceso a una educación básica gratuita y de calidad, así como a adoptar medidas específicas para atender a poblaciones históricamente excluidas, como personas adultas mayores, comunidades rurales y pueblos indígenas, respetando su identidad cultural y lingüística.

Asimismo, desde una perspectiva institucional, la alfabetización cumple una función clave en el fortalecimiento del Estado de derecho, al permitir que la ciudadanía comprenda y participe activamente en los asuntos públicos, fiscalice la actuación de las autoridades y acceda de manera efectiva a los mecanismos administrativos y judiciales. La educación básica se convierte así en un instrumento de empoderamiento ciudadano y de prevención de situaciones de abuso, arbitrariedad y discriminación.

En consecuencia, el Día del Perú Libre de Analfabetismo constituyó una oportunidad para reafirmar que la erradicación del analfabetismo no es únicamente un objetivo educativo, sino un mandato jurídico y constitucional que compromete la responsabilidad del Estado y de la sociedad en su conjunto. La garantía del derecho a la educación, en condiciones de igualdad y sin discriminación, resulta indispensable para la consolidación de una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa de los principios del Estado de derecho.