El Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer tiene como finalidad visibilizar y reafirmar el derecho de las mujeres a gozar del más alto nivel posible de salud física, mental y social, en condiciones de igualdad, dignidad y sin discriminación. Esta fecha promueve la adopción de políticas públicas orientadas a garantizar una atención integral, oportuna y con enfoque de género en todas las etapas de la vida de la mujer.

Desde el marco constitucional, la Constitución Política del Perú, en sus artículos 2 y 7, reconoce el derecho fundamental a la igualdad ante la ley y el derecho a la protección de la salud, imponiendo al Estado el deber de diseñar y ejecutar acciones que aseguren el acceso equitativo a los servicios de salud, especialmente para las poblaciones en situación de vulnerabilidad, entre ellas las mujeres.

En el ámbito legal, la Ley N.° 30364 – Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, constituye un instrumento clave para la protección de la salud física, psicológica y emocional de las mujeres, al reconocer que la violencia de género representa una grave afectación a la salud y a los derechos humanos, y al establecer mecanismos de prevención, atención y reparación integral.

Asimismo, las normas técnicas y políticas públicas del Ministerio de Salud (MINSA) promueven la atención integral de la salud de la mujer, con énfasis en la salud sexual y reproductiva, la maternidad segura, la prevención del cáncer ginecológico, la salud mental y el acceso a servicios de calidad, oportunos y culturalmente pertinentes. Estas políticas incorporan enfoques de derechos humanos, interculturalidad y equidad de género.

Desde una perspectiva jurídica y social, garantizar la salud de las mujeres no solo constituye una obligación del Estado, sino también un requisito indispensable para el desarrollo sostenible, la reducción de desigualdades y el fortalecimiento del bienestar familiar y comunitario. La protección de la salud femenina impacta directamente en la calidad de vida, la productividad y la cohesión social.

En conclusión, el 28 de mayo reafirma que la salud de las mujeres es un derecho humano fundamental y una prioridad de interés público, cuya garantía efectiva contribuye al desarrollo integral, la justicia social y el bienestar de toda la sociedad.