El 20 de octubre, fecha en la que se publica la Ley N.° 29792, ley de creación, organización y funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), constituye una efeméride jurídica de especial relevancia en el proceso de institucionalización de las políticas sociales del Estado peruano y en la consolidación del enfoque de derechos en materia de desarrollo humano e inclusión social. Esta norma marcó un punto de inflexión en la estructura del Poder Ejecutivo, al establecer un ente rector especializado en la lucha contra la pobreza y la desigualdad.

Desde una perspectiva constitucional, la creación del MIDIS se vincula directamente con los fines esenciales del Estado, orientados a promover el bienestar general, la justicia social y el desarrollo integral de la persona humana. La Ley N.° 29792 responde a la obligación estatal de garantizar condiciones mínimas de vida digna, especialmente para los sectores en situación de vulnerabilidad, materializando el principio de igualdad material y el deber de adoptar políticas públicas diferenciadas para reducir brechas sociales.

En el ámbito del derecho administrativo, la ley establece un marco orgánico y funcional que define competencias claras, mecanismos de articulación intersectorial y responsabilidades específicas en la formulación, ejecución y evaluación de políticas sociales. La creación del MIDIS permitió ordenar y coordinar programas sociales previamente dispersos, fortaleciendo la eficiencia de la administración pública y la racionalidad en el uso de los recursos públicos, en concordancia con los principios de legalidad, eficacia y buena administración.

Desde la perspectiva del derecho social y de los derechos humanos, la Ley N.° 29792 introduce un enfoque de inclusión que reconoce a las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad como titulares de derechos y no solo como beneficiarios de asistencia estatal. Este enfoque implica obligaciones jurídicas para el Estado en términos de acceso efectivo a servicios básicos, protección social, nutrición, educación y desarrollo de capacidades, reforzando el carácter exigible de los derechos sociales en el marco del Estado constitucional.

Asimismo, la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tiene una incidencia relevante en la planificación y ejecución de políticas públicas basadas en evidencia, orientadas a la reducción sostenible de la pobreza. La ley establece funciones vinculadas al monitoreo y evaluación de programas sociales, lo que fortalece la rendición de cuentas, la transparencia y el control del cumplimiento de los objetivos sociales, elementos esenciales para la legitimidad de la acción estatal.

Desde una perspectiva institucional, la Ley N.° 29792 refuerza el rol del Estado como garante de la cohesión social y de la inclusión, promoviendo la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y la participación de actores públicos y privados. Esta articulación resulta fundamental para asegurar que las políticas sociales tengan un impacto real y sostenible, respetando los principios de descentralización y subsidiariedad.

En conclusión, el 20 de octubre, como fecha de publicación de la Ley N.° 29792, representa una efeméride jurídica de alto valor en la historia reciente del ordenamiento jurídico peruano. La creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social consolidó un marco normativo e institucional orientado a la reducción de la pobreza y la promoción de la inclusión social, reafirmando el compromiso del Estado peruano con la justicia social, la igualdad material y la efectividad de los derechos fundamentales.