El 19 de junio se recordó la creación de la Empresa Nacional del Petróleo, dispuesta mediante la Ley N.° 9618, hito de especial relevancia jurídica, económica e institucional en el proceso de afirmación del rol del Estado en la gestión de los recursos naturales estratégicos. Desde una perspectiva constitucional y de derecho público, la creación de una empresa estatal en el sector petrolero respondió a la necesidad de asegurar la participación directa del Estado en la exploración, explotación, refinación y comercialización de los hidrocarburos, en atención a su carácter de recursos naturales de interés nacional y de alto impacto en el desarrollo económico del país.

En el ámbito del derecho administrativo y del derecho de la empresa pública, la Ley N.° 9618 constituyó el fundamento jurídico para la organización y funcionamiento de la Empresa Nacional del Petróleo, estableciendo su naturaleza jurídica, sus fines, competencias y el régimen especial aplicable a su actividad. La creación de esta entidad implicó el reconocimiento del Estado como agente económico, facultado para intervenir de manera directa en sectores estratégicos, bajo criterios de legalidad, eficiencia y control, sin desnaturalizar su finalidad pública ni el interés general que justificó su constitución.

Desde la perspectiva del derecho de los recursos naturales y del derecho energético, esta norma permitió consolidar un marco jurídico orientado a garantizar la soberanía sobre los hidrocarburos, promoviendo su aprovechamiento racional y sostenible en beneficio de la colectividad. La intervención estatal a través de una empresa nacional buscó asegurar la continuidad del abastecimiento energético, la estabilidad del mercado y la adecuada redistribución de los beneficios derivados de la explotación petrolera, evitando prácticas contrarias al interés público o al desarrollo nacional.

Asimismo, en el plano del control y la responsabilidad, la creación de la Empresa Nacional del Petróleo supuso la sujeción de su actividad a mecanismos de fiscalización administrativa, financiera y política, propios de las entidades estatales. La gestión de recursos públicos y la administración de bienes estratégicos exigieron el cumplimiento de principios como la transparencia, la rendición de cuentas y la responsabilidad funcional de sus directivos y servidores, conforme al marco normativo vigente.

Desde una perspectiva histórica-jurídica, la Ley N.° 9618 representó un precedente significativo en la evolución del modelo de intervención del Estado en la economía, evidenciando una concepción en la que la actividad empresarial pública se justificó como instrumento para la protección del interés nacional y la promoción del desarrollo económico. Este enfoque influyó en la posterior configuración del régimen jurídico de las empresas estatales y en el debate sobre los límites y alcances de la participación del Estado en sectores estratégicos.

En consecuencia, la conmemoración de la creación de la Empresa Nacional del Petróleo permitió reafirmar la importancia de contar con un marco jurídico sólido para la gestión de los recursos naturales, así como de fortalecer las capacidades institucionales del Estado en sectores clave para el desarrollo del país. La Ley N.° 9618 no solo dio origen a una entidad empresarial pública, sino que marcó un hito en la afirmación del rol del Estado como garante del interés público y de la soberanía sobre los recursos energéticos, en concordancia con los principios del Estado de derecho.